De acuerdo al Resumen de Gestión 2012 y Perspectiva Institucional de
Pro Consumidor, el retorno económico corresponde a actividades
inmobiliarias, intermediación financiera, construcción, comercio y
reparación, entre otras.
Además, la entidad explicó que en el período enero-noviembre 2012 decomisó 217 mil 971 productos que eran vendidos vencidos por proveedores en violación a la Ley 358-05 de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario, poniendo en riesgo la salud de la población.
Como parte de los resultados por áreas misionales, el Resumen indica que como órgano rector de las relaciones de consumo Pro Consumidor solucionó dos mil 288 casos que fueron conciliados entre los actores del mercado.
Al evaluar los resultados del año que termina, la directora ejecutiva, Altagracia Paulino, abogó porque las cifras de productos vencidos disminuyan en el año venidero y exhortó a los proveedores de esos bienes a considerar que sus establecimientos no estén vinculados a acciones que puedan lesionar la salud de la población.
Señaló que la institución está en la obligación de aplicar la ley cuando estén afectados los intereses de los consumidores y recordó que los consumidores y los proveedores son aliados estratégicos y como tales deben accionar en el mercado con sentido de responsabilidad para fortalecer el desarrollo económico de la nación.
Además, la entidad explicó que en el período enero-noviembre 2012 decomisó 217 mil 971 productos que eran vendidos vencidos por proveedores en violación a la Ley 358-05 de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario, poniendo en riesgo la salud de la población.
Como parte de los resultados por áreas misionales, el Resumen indica que como órgano rector de las relaciones de consumo Pro Consumidor solucionó dos mil 288 casos que fueron conciliados entre los actores del mercado.
Al evaluar los resultados del año que termina, la directora ejecutiva, Altagracia Paulino, abogó porque las cifras de productos vencidos disminuyan en el año venidero y exhortó a los proveedores de esos bienes a considerar que sus establecimientos no estén vinculados a acciones que puedan lesionar la salud de la población.
Señaló que la institución está en la obligación de aplicar la ley cuando estén afectados los intereses de los consumidores y recordó que los consumidores y los proveedores son aliados estratégicos y como tales deben accionar en el mercado con sentido de responsabilidad para fortalecer el desarrollo económico de la nación.
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