OPINION
Irresponsabilidad del Ministerio de Trabajo
AUTOR DE ESTE ARTICULO
Santiago Estrella Veloz, periodista.
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En la República Dominicana
ocurren cosas tan absurdas que a veces uno piensa que salieron de las mentes de
Kafka o de Edgar Alan Poe. Uno tiene que restregarse los ojos para comprobar
que son realidades y no ficciones.
Es el caso de unos cien haitianos que desde hace más de un mes se han instalado frente al edificio del Ministerio de Trabajo, en reclamo de que una compañía denominada Coquera Real, que tras explotarlos laboralmente durante catorce años, se declaró en quiebra para no otorgarles sus prestaciones laborales, que por Ley les corresponden.
Hiere la vista ver a esos infelices aguantando agua, sol y sereno sin que alguien les ayude, como si se tratara de ganado y no de seres humanos, que comen gracias a la caridad pública, mientras hacen sus necesidades en los alrededores del Ministerio de Trabajo.
Los haitianos dicen que el dueño de Coquera Real, a quien identifican como Rafael Emilio Alonso Luna, trasladó las maquinarias de su compañía a Nagua, supuestamente con el propósito de evadir cualquier intento de embargo.
En este asunto hay mucha tela por dónde cortar, pues resulta que el Ministerio de Trabajo dice que “escapa a su competencia” solucionar ese caso. Entonces uno se pregunta, ¿donde es que se reclaman los derechos laborales? ¿En cuál Ministerio que no sea el de Trabajo? Evidentemente se trata de una salida irresponsable.
El alegato es que de la situación está apoderado un Tribunal de San Cristóbal, pero no se dice quién lo apoderó ni cuándo será conocido el proceso.
En cuanto al propietario de la empresa a la cual los haitianos reclaman sus prestaciones laborales, también hay algo que decir:
En primer lugar, las autoridades judiciales no se han tomado la más mínima molestia en citarlo e interrogarlo, no solamente en lo que atañe al reclamo de los trabajadores extranjeros, sino en cuanto se refiere a su denuncia de que fueron traídos ilegalmente en 1999 en camiones propiedad del dueño de Coquera Real.
Si esto es así, el Ministerio Público podría acusar a ese ciudadano de trata de personas, violación de la Ley de Migración, empleo de mano de obra ilegal y renuencia a otorgarles las prestaciones a sus trabajadores, lo que viola el Código Laboral.
Si esas no son razones suficientes para actuar en este caso, a Dios que baje del cielo y me lo diga.
Por Santiago Estrella Veloz/DiarioDigitalRD
Es el caso de unos cien haitianos que desde hace más de un mes se han instalado frente al edificio del Ministerio de Trabajo, en reclamo de que una compañía denominada Coquera Real, que tras explotarlos laboralmente durante catorce años, se declaró en quiebra para no otorgarles sus prestaciones laborales, que por Ley les corresponden.
Hiere la vista ver a esos infelices aguantando agua, sol y sereno sin que alguien les ayude, como si se tratara de ganado y no de seres humanos, que comen gracias a la caridad pública, mientras hacen sus necesidades en los alrededores del Ministerio de Trabajo.
Los haitianos dicen que el dueño de Coquera Real, a quien identifican como Rafael Emilio Alonso Luna, trasladó las maquinarias de su compañía a Nagua, supuestamente con el propósito de evadir cualquier intento de embargo.
En este asunto hay mucha tela por dónde cortar, pues resulta que el Ministerio de Trabajo dice que “escapa a su competencia” solucionar ese caso. Entonces uno se pregunta, ¿donde es que se reclaman los derechos laborales? ¿En cuál Ministerio que no sea el de Trabajo? Evidentemente se trata de una salida irresponsable.
El alegato es que de la situación está apoderado un Tribunal de San Cristóbal, pero no se dice quién lo apoderó ni cuándo será conocido el proceso.
En cuanto al propietario de la empresa a la cual los haitianos reclaman sus prestaciones laborales, también hay algo que decir:
En primer lugar, las autoridades judiciales no se han tomado la más mínima molestia en citarlo e interrogarlo, no solamente en lo que atañe al reclamo de los trabajadores extranjeros, sino en cuanto se refiere a su denuncia de que fueron traídos ilegalmente en 1999 en camiones propiedad del dueño de Coquera Real.
Si esto es así, el Ministerio Público podría acusar a ese ciudadano de trata de personas, violación de la Ley de Migración, empleo de mano de obra ilegal y renuencia a otorgarles las prestaciones a sus trabajadores, lo que viola el Código Laboral.
Si esas no son razones suficientes para actuar en este caso, a Dios que baje del cielo y me lo diga.
Por Santiago Estrella Veloz/DiarioDigitalRD
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Santiago Estrella Veloz
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diariodigitalrd1@gmail.com
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