El recurso de apelación fue depositado por ante la secretaria general de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, por la directora del Pepca, Laura Guerrero, por no estar conforme con la misma.
El recurso fue interpuesto en contra de la decisión del magistrado Víctor Mejía Lebrón, quien fungió como juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo.
En su sentencia, el juez dictó auto de no ha lugar en favor del alcalde Rodríguez Grullón, y de Fior Daliza Hernández, extesorera del ayuntamiento, Gerson Geris Lizardo, encargado de Nómina, y la esposa de este, Ana Hilda Bobie Aquino.
En el recurso el Ministerio Público pidió al tribunal de alzada anular la decisión del juez Lebrón, quien en su sentencia consideró que no existe probabilidad de que sean condenados en un juicio de fondo por no existir pruebas suficientes, por lo que dispuso el cese de toda medida de coerción que pese contra los imputados.
A los acusados se les había impuesto medida de coerción, consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida.
Al alcalde se le colocó garantía económica de RD$5,000,000 en efectivo depositado en el Banco Agrícola; al exencargado de Nómina y a la tesorera RD$500,000 y RD$200,000, respectivamente.
La medida de coerción le fue impuesta en marzo del 2014 por el juez de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Claudio Aníbal Medrano. Luego el caso fue declinado a la jurisdicción de la provincia Santo Domingo
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