REVOLUCION EDUCATIVA EN REPUBLICA DOMINICANA ,ENCUENTRA PROFESORES CON MALAS NOTAS.

En esta etapa de la vida institucional del país, cuando está en marcha un proceso de transformación en la educación, debe ser prioridad enfatizar en mejorar la formación del personal docente que tiene la tarea de impulsar los cambios cualitativos de la enseñanza. Un estudio realizado en mayo de 2013 por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, comprobó que el 67% de los maestros involucrados en tareas de formación continua en matemáticas, continúa teniendo las lagunas de su formación inicial, lo que permite deducir que esos docentes transmitirán sus deficiencias a los estudiantes.

Este alto porcentaje de incompetencia en una materia básica como las matemáticas ha sido responsable de la pésima formación de nuestros bachilleres, que llegan a las universidades con inmensas lagunas de conocimiento. El estudio comprobó también deficiencias de formación cultural y otras debilidades de formación en la muestra de profesores abarcados por la investigación. Ya otros estudios anteriores demostraron pobre dominio de los profesores en otras asignaturas básicas de la enseñanza primaria y media. El éxito del proceso de cambios depende fundamentalmente de aspectos cualitativos de la enseñanza, y en ese tenor, la formación adecuada de los docentes debe ser requisito insoslayable.

FOBIA MUY CUESTIONABLE

A estas alturas, cuando el Gobierno intenta que su gestión se caracterice por un manejo transparente de los recursos, no deberíamos estar luchando porque cumplan su deber un grupo de funcionarios que parecen tenerle fobia a la declaración de sus patrimonios. Todavía hay en algunos una resistencia enfermiza a dar cumplimiento al mandato del artículo 19 de la Ley 311-14, que obliga a estos servidores a prestar declaración jurada de patrimonio.

El procurador general de la República, que se ha comprometido a evaluar la actitud de los 50 funcionarios que se resisten a la transparencia, debería aplicar las sanciones que la ley dispone para estos casos. Ya es tiempo de suprimir la impunidad que el clientelismo político siempre ha colocado al servicio de los intereses de los evasores de esta obligación ética.