Ekin, ilegalizada estructura política de ETA, anunció ayer su disolución cuando se debate en España sobre el final de la organización terrorista, que en enero pasado declaró un alto el fuego permanente.
La disolución de esta coordinadora de la movilización social en torno a ETA en el País Vasco (norte) se produce a siete semanas de las elecciones generales que celebrará España el 20 de noviembre y en medio de las expectativas sobre la eventualidad de que la banda anuncie el fin de su actividad.
Al valorar el anuncio de Ekin, el ministro español del Interior, Antonio Camacho, aseguró que "ETA ha empezado a asumir que nunca más podrá volver a condicionar con su barbarie la vida de este país".
El ministro considera que la derrota de ETA está "más cerca que nunca" y que la banda terrorista "ha entrado en un proceso de disolución imparable".
En términos similares se expresó el portavoz del Gobierno, José Blanco, quien señaló que se trata de "un paso más hacia el final de ETA", aunque subrayó que "es evidente que no es el último", porque lo que espera la sociedad es el anuncio del fin de la banda terrorista.
Al anuncio de ese final se remite el Partido Popular (PP), el principal de la oposición española y favorito en las encuestas para ganar las próximas elecciones, que mantiene una posición crítica sobre las expectativas del Gobierno con el argumento de que lo único decisivo es el anuncio por parte de ETA de su disolución.
El diario vasco "Gara", que cita a dos miembros de la dirección de Ekin, informa ayer de que esta agrupación se disuelve como consecuencia "del cambio radical de estrategia" adoptado por la izquierda independentista en el País Vasco.
Esa izquierda independentista ha logrado importantes cotas de poder en el País Vasco en las últimas elecciones municipales a través de la marca Bildu, legalizada por el Tribunal Constitucional, tras oponerse a ello el Tribunal Supremo.
A Ekin se le considerada heredera de KAS, organización que se autodisolvió para evitar los posibles problemas legales derivados de su ilegalización en noviembre de 1998 y de las investigaciones realizadas por la Justicia española contra el entramado financiero y político de ETA.
ETA, que en cinco décadas de actividad ha asesinado a casi 900 personas, anunció el 10 de enero pasado un alto el fuego "permanente, general y verificable", y el 12 de julio ratificó, también en "Gara", su disposición "a profundizar en el camino emprendido".
En ese comunicado, ETA decía que en el País Vasco hay una oportunidad para construir un escenario de paz y llamaba a todos los agentes "a trabajar en favor de la solución y a abrir, entre todos, espacios para el diálogo y la negociación".
Fuentes de la lucha antiterrorista dijeron ayer que la policía duda de la voluntad de autodisolución de Ekin y considera que sólo un comunicado definitivo de ETA dirá si esto es un paso hacia la paz o si Ekin ha optado por montar una nueva estructura porque la actual está "quemada".
Los miembros de la ilegalizada Batasuna, formación considerada el brazo político de ETA, divulgaron un comunicado en el que afirman que expresa su "respeto hacia la decisión" de Ekin y aplauden su "compromiso" con el "nuevo ciclo político abierto" en el País Vasco.
El presidente del gobierno regional vasco (lehendakari), Patxi López, dijo que el anuncio de Ekin es una buena noticia para la democracia y un paso más del cierre del ciclo de la violencia, aunque subrayó que lo más importante es conseguir que estos pasos se consoliden y que no haya marcha atrás.
Hace una semana, los presos de ETA anunciaron su adhesión al Acuerdo de Gernika, que hace un año pidió a la banda armada un "alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional".
Además, la izquierda independentista vasca y un grupo ligado al mediador en conflictos internacionales Brian Currin informaron de la creación de una comisión internacional destinada a verificar el alto el fuego que anunció ETA en enero.
Los trabajos del llamado 'Grupo internacional de contacto', vinculado al abogado surafricano Currin, no cuentan con el respaldo del Gobierno de España ni del Gobierno regional vasco, que ya han rechazado anteriormente una "verificación" del alto el fuego de ETA.
El Gobierno español ha reiterado en varias oportunidades que de ETA sólo espera el comunicado de que abandona las armas de forma definitiva.
La disolución de esta coordinadora de la movilización social en torno a ETA en el País Vasco (norte) se produce a siete semanas de las elecciones generales que celebrará España el 20 de noviembre y en medio de las expectativas sobre la eventualidad de que la banda anuncie el fin de su actividad.Al valorar el anuncio de Ekin, el ministro español del Interior, Antonio Camacho, aseguró que "ETA ha empezado a asumir que nunca más podrá volver a condicionar con su barbarie la vida de este país".
El ministro considera que la derrota de ETA está "más cerca que nunca" y que la banda terrorista "ha entrado en un proceso de disolución imparable".
En términos similares se expresó el portavoz del Gobierno, José Blanco, quien señaló que se trata de "un paso más hacia el final de ETA", aunque subrayó que "es evidente que no es el último", porque lo que espera la sociedad es el anuncio del fin de la banda terrorista.
Al anuncio de ese final se remite el Partido Popular (PP), el principal de la oposición española y favorito en las encuestas para ganar las próximas elecciones, que mantiene una posición crítica sobre las expectativas del Gobierno con el argumento de que lo único decisivo es el anuncio por parte de ETA de su disolución.
El diario vasco "Gara", que cita a dos miembros de la dirección de Ekin, informa ayer de que esta agrupación se disuelve como consecuencia "del cambio radical de estrategia" adoptado por la izquierda independentista en el País Vasco.
Esa izquierda independentista ha logrado importantes cotas de poder en el País Vasco en las últimas elecciones municipales a través de la marca Bildu, legalizada por el Tribunal Constitucional, tras oponerse a ello el Tribunal Supremo.
A Ekin se le considerada heredera de KAS, organización que se autodisolvió para evitar los posibles problemas legales derivados de su ilegalización en noviembre de 1998 y de las investigaciones realizadas por la Justicia española contra el entramado financiero y político de ETA.
ETA, que en cinco décadas de actividad ha asesinado a casi 900 personas, anunció el 10 de enero pasado un alto el fuego "permanente, general y verificable", y el 12 de julio ratificó, también en "Gara", su disposición "a profundizar en el camino emprendido".
En ese comunicado, ETA decía que en el País Vasco hay una oportunidad para construir un escenario de paz y llamaba a todos los agentes "a trabajar en favor de la solución y a abrir, entre todos, espacios para el diálogo y la negociación".
Fuentes de la lucha antiterrorista dijeron ayer que la policía duda de la voluntad de autodisolución de Ekin y considera que sólo un comunicado definitivo de ETA dirá si esto es un paso hacia la paz o si Ekin ha optado por montar una nueva estructura porque la actual está "quemada".
Los miembros de la ilegalizada Batasuna, formación considerada el brazo político de ETA, divulgaron un comunicado en el que afirman que expresa su "respeto hacia la decisión" de Ekin y aplauden su "compromiso" con el "nuevo ciclo político abierto" en el País Vasco.
El presidente del gobierno regional vasco (lehendakari), Patxi López, dijo que el anuncio de Ekin es una buena noticia para la democracia y un paso más del cierre del ciclo de la violencia, aunque subrayó que lo más importante es conseguir que estos pasos se consoliden y que no haya marcha atrás.
Hace una semana, los presos de ETA anunciaron su adhesión al Acuerdo de Gernika, que hace un año pidió a la banda armada un "alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional".
Además, la izquierda independentista vasca y un grupo ligado al mediador en conflictos internacionales Brian Currin informaron de la creación de una comisión internacional destinada a verificar el alto el fuego que anunció ETA en enero.
Los trabajos del llamado 'Grupo internacional de contacto', vinculado al abogado surafricano Currin, no cuentan con el respaldo del Gobierno de España ni del Gobierno regional vasco, que ya han rechazado anteriormente una "verificación" del alto el fuego de ETA.
El Gobierno español ha reiterado en varias oportunidades que de ETA sólo espera el comunicado de que abandona las armas de forma definitiva.
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